Derecho a saber
La ciudadanía tiene derecho a saber qué tipo de contaminantes hay o puede haber en el agua que bebe, los alimentos que ingiere o el aire que respira. En México, por razones oscuras, las empresas no quieren informar a la ciudadanía acerca de las sustancias que utilizan y los desechos que generan, pese a que en Estados Unidos y Canadá ya lo hacen.
El derecho a saber es una herramienta útil para todos, para la ciudadanía, para el sector industrial y para el gobierno. Por una parte, permite adoptar las medidas de protección pertinentes, especialmente en las poblaciones aledañas a industrias generadoras de contaminantes tóxicos. Asimismo, la información proporcionada por las industrias relativa a la cantidad y tipo de contaminantes que vierten, emiten y descargan al ambiente, es útil para las autoridades ambientales ya que con base en ella pueden tomar medidas preventivas, correctivas, desarrollar programas de reducción en la generación de desechos e incluso hacer efectivo el derecho constitucional de los ciudadanos a la salud y a un medio ambiente adecuado para el bienestar y el desarrollo.
Dada la importancia de conocer la gran cantidad de contaminantes que circulan en nuestro ambiente se creó, en el marco de varios acuerdos internacionales, el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC) que es simplemente el instrumento a través del cual se concretiza el derecho a saber. En México el RETC ha funcionado de manera voluntaria y ahora se pretende que sea obligatorio, sin embargo las industrias y algunas autoridades están boicoteando el reglamento que lo hará forzoso.
Estocolmo, una victoria
Lo que ya no pueden eludir es el Convenio de Estocolmo. Conforme a este acuerdo internacional, activamente promovido por Greenpeace, al menos 50 naciones están obligadas a impedir la producción, uso y liberación al medio ambiente de los Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs), sustancias sumamente tóxicas que ya se han acumulado en los tejidos de casi todos los seres humanos y que incluso llegan hasta las regiones más apartadas del planeta.
Ejemplos de los COPs son plaguicidas peligrosos como el DDT, químicos industriales como los PCBs y subproductos indeseables como las cancerígenas dioxinas. Este acuerdo, que incluso prohíbe la invención de nuevos COPs, entró en vigor a partir de mayo de 2004 con el propósito de dar una esperanza de vida saludable a las siguientes generaciones.
México es uno de los países que se comprometió a observar sus disposiciones. Eso es alentador, pero aún queda mucho por hacer en nuestro país.
Pilas y baterías, un riesgo cerca de nosotros
Por lo menos 30 por ciento de cada pila está constituida por compuestos tóxicos, tales como mercurio, plomo, litio, cadmio y níquel y se estima que cada mexicano utiliza un promedio de 10 pilas al año, muchas de ellas "piratas". No obstante, las autoridades no dan a este problema el tratamiento debido.
Conoce el trabajo que realizamos acerca de este tema, haz click aquí.
Basura electrónica y tóxicos en la producción
El vertiginoso crecimiento en la fabricación de productos electrónicos está generando montañas de desperdicios que no pueden ser tratados como basura convencional, pues contienen sustancias peligrosas que afectan a la salud y al ambiente. Los trabajadores en las industrias maquiladoras y los que reciclan los desechos de estos productos se ven expuestos a dañinas concentraciones de plomo, mercurio, cadmio, PVC, cromo hexavalente y retardantes de fuego bromados, entre otras sustancias tóxicas.
Si terminan en tiraderos, la degradación de los productos electrónicos libera dichas sustancias tóxicas al ambiente. Por ello, los fabricantes deben comprometerse a no usarlas en sus productos. En este sentido, Greenpeace ha conseguido que algunas importantes empresas como Nokia, Samsung, Sony, LG y Hewlett Packard ya hayan asumido compromisos importantes, pero hay muchas más que no lo han hecho. Hacia ellas se orienta el trabajo de Greenpeace. (Si desea conocer la ubicación de estas empresas haga click aquí.)
Greenpeace considera que a toda la ciudadanía le asiste el derecho a una vida saludable y a conocer la calidad de su entorno. Por ello, seguimos trabajando a favor de procesos industriales limpios y para conseguir que el RETC sea obligatorio, para tener mayor certeza acerca de las sustancias químicas que manejan y desechan las industrias.
